En la noche del jueves, se llevó a cabo en el Concejo Municipal de Vera un conversatorio centrado en la nueva Ley Orgánica de Municipios y la Carta Orgánica Municipal, con el objetivo de analizar en profundidad los cambios que introduce la normativa y su impacto en la ciudad, en un contexto donde la reforma comienza a redefinir el rol de los gobiernos locales en toda la provincia.
La actividad se desarrolló con una importante participación de dirigentes, concejales, equipos técnicos y vecinos, en un espacio que combinó exposición, análisis y debate abierto. Desde el inicio, quedó claro que no se trataba de una charla más, sino de una instancia clave para comenzar a interpretar una ley que, según coincidieron varios de los presentes, marcará un antes y un después en la organización institucional de los municipios.
La apertura estuvo a cargo del concejal Javier Barbona, quien dio la bienvenida y planteó el espíritu del encuentro, destacando la necesidad de generar estos ámbitos dentro del propio Concejo:
“La idea es que no solamente sea un lugar donde se legisla, sino también un espacio para debatir, intercambiar ideas y pensar temas que nos competen a todos”.
En esa línea, se remarcó la importancia de acercar estos debates a la comunidad, entendiendo que la nueva legislación no es solo un tema técnico, sino una transformación que impacta directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La disertación principal estuvo a cargo del Dr. Oscar “Cachi” Martínez, exdiputado nacional y provincial, quien desarrolló una exposición extensa —de más de una hora— en la que abordó los principales ejes de la reforma, pero también profundizó en sus implicancias reales, tanto desde el punto de vista político como económico.
Uno de los conceptos centrales que atravesó toda la exposición fue el de autonomía municipal, entendido como el eje estructural de la nueva ley. En ese sentido, se explicó que la normativa contempla distintos niveles de autonomía:
- Institucional: posibilidad de que cada municipio dicte su propia Carta Orgánica
- Política: elección directa de sus autoridades
- Administrativa: capacidad de organizar su estructura interna
- Económica y financiera: acceso y gestión de recursos propios
Sobre este último punto, Martínez dejó una de las definiciones más contundentes de la jornada:
“Si no tenés los recursos para poder gobernar, todas las otras autonomías caen”.
A partir de allí, el debate tomó una dimensión más profunda, al incorporar un dato que generó fuerte impacto entre los presentes:
“El 54% de los recursos los ejecuta el gobierno nacional, el 39% las provincias y los municipios tienen que dar respuesta a la ciudadanía solo con el 7%”.
Este dato no solo evidenció la desigualdad en la distribución de recursos, sino que también puso en discusión la viabilidad real de la autonomía municipal en las condiciones actuales. Los municipios, se remarcó, son quienes deben dar respuesta directa a las demandas básicas de la población: recolección de residuos, mantenimiento urbano, iluminación, salud primaria, seguridad preventiva, asistencia social y desarrollo local.
En este contexto, se planteó una preocupación central que atravesó toda la exposición:
Que la nueva Ley de Municipios no termine trasladando más responsabilidades a los gobiernos locales sin garantizar los recursos necesarios para sostenerlas.
Otro de los ejes más fuertes fue el análisis de las desigualdades dentro de la propia provincia de Santa Fe. En ese sentido, Martínez señaló:
“Hay localidades del norte que reciben hasta tres veces menos recursos por habitante que las del sur”.
Esta afirmación abrió el debate sobre la coparticipación y la necesidad de revisar los criterios actuales de distribución, que —según se explicó— no solo son bajos en comparación con otras provincias, sino que además profundizan las diferencias territoriales.
Se mencionó que provincias como Córdoba o Buenos Aires cuentan con niveles de coparticipación superiores, mientras que Santa Fe mantiene un esquema más restrictivo, lo que repercute directamente en la capacidad de gestión de los municipios.
En este punto, se dejó una definición clara:
No puede pensarse una nueva Ley de Municipios sin discutir al mismo tiempo una nueva ley de coparticipación.
Durante la exposición también se abordaron aspectos concretos del proyecto, como la organización de los gobiernos locales según la cantidad de habitantes, la conformación de los concejos deliberantes y los mecanismos de representación política.
Uno de los puntos que generó cuestionamientos fue la posibilidad de que en localidades más pequeñas no se garantice plenamente un sistema proporcional de representación, lo que podría limitar la participación de distintas fuerzas políticas.
En ese sentido, se advirtió que:
El proceso de reforma debe avanzar en más democracia y no en retrocesos en la representación institucional.
Otro de los temas que generó debate fue el vinculado al gasto político. Allí se analizaron las diferencias en los criterios de remuneración de concejales según el tamaño de los municipios, lo que fue cuestionado por considerarse inequitativo.
Se mencionó, por ejemplo, que actualmente un concejal percibe alrededor de 850 mil pesos, situándose por debajo de la línea de pobreza, lo que abrió una discusión sobre la relación entre responsabilidad institucional y remuneración.
Además, se propuso como alternativa establecer un límite al gasto político:
Un tope del 3% del presupuesto municipal para el funcionamiento de los poderes legislativo y ejecutivo.
El concejal Javier Barbona destacó el valor del encuentro y señaló que se trató de:
“Un espacio de intercambio muy valioso, donde pudimos profundizar en la temática y compartir miradas”.
Asimismo, remarcó la importancia de este tipo de iniciativas al sostener que:
“No sólo enriquecen la formación de quienes ejercemos funciones legislativas, sino que también fortalecen el espíritu democrático: escuchar a todos, valorar la pluralidad de voces y sostener un diálogo respetuoso”.
El conversatorio contó con la participación de concejales de distintos espacios, equipos de trabajo, referentes políticos y actores institucionales, entre ellos el concejal Souhilé —impulsor de la iniciativa—, el secretario del Concejo Guillermo Raynald, María Carolina Banegas y el senador Sosa junto a su equipo.
También se destacó el rol de los medios de comunicación, que permitieron ampliar el alcance del encuentro mediante la cobertura y la transmisión en vivo, acercando el debate a toda la comunidad.
Como cierre, la jornada dejó una conclusión compartida: la nueva Ley de Municipios no es solo una reforma normativa, sino una oportunidad para repensar el modelo de gestión local.
El desafío, coincidieron los participantes, será lograr que esa autonomía se traduzca en herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de los vecinos, evitando que se convierta en una transferencia de responsabilidades sin respaldo.
En ese sentido, el debate recién comienza, y su profundidad marcará el rumbo del desarrollo institucional de Vera en los próximos años.
